Nos convertimos en representativos de la sociedad, lo que - lejos de hacer de nosotros una oposición partidaria - nos transformó en voceros de una demanda cívica que responde al ideal, aún pendiente, de la República y de la democracia.
No somos ni queremos ser un partido político. No los reemplazamos ni queremos reemplazarlos en el cumplimiento de las obligaciones que solo ellos pueden satisfacer para que la vida democrática se cumpla cabalmente.
Y es por eso que hoy los hemos convocado.
La sociedad necesita que asuman la responsabilidad plena que les corresponde.
No se trata solo de competir por el poder. Se trata, fundamentalmente, de imponer ética en esa competencia y eficacia en la gestión de gobierno.
Es imprescindible que la sociedad encauce hacia los partidos políticos la demanda de institucionalidad plena y de mayor justicia social, petición de la que el campo supo hacerse eco.
La Comisión de Enlace no quiso ni quiere ser ejemplo de nada. Pero fue y es expresión de aptitud para la convivencia en el pluralismo y en el respeto por las diferencias. La fuerza conseguida con esta conducta nos conmueve aún hoy y nos comprometemos a sostenerla. Pero no queremos monopolizar ese valor simbólico, precisamente porque somos democráticos y republicanos. Queremos sí ver a las agrupaciones políticas del país conquistando ese valor representativo cada vez con más fuerza, mediante conductas que promuevan la convivencia en la diferenciación sin descalificaciones, sin autoritarismo, con espíritu de convergencia, aptitud para el intercambio, para la crítica y la autocrítica que nos pone a resguardo de la arbitrariedad y las exclusiones.
Como argentinos esperamos que la dirigencia política se comprometa al sostenimiento y al desarrollo de las bases fundamentales que hacen a la calidad democrática de una mejor vida republicana: la ley, el trabajo, el conocimiento, la salud, la convivencia entre nosotros y con el mundo. Solo así, gane quien gane, gobierne quien gobierne, estará asegurado ese ideal de legitimidad e institucionalidad que impulsó al campo a expresarse unánimemente junto al resto de la sociedad en el año que pasó.
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Por todo eso, nos comprometemos y exigimos a ustedes que sean respetados los principios que emanan de la Constitución Nacional, las instituciones de la República y los mecanismos democráticos en todos sus niveles.
Sostenemos el reestablecimiento de un auténtico federalismo, que respete la autonomía en las decisiones de cada provincia y una justa y equitativa coparticipación federal.
Creemos que la educación, la cultura del trabajo, la producción, la innovación tecnológica, la generación de valor y el cuidado del medio ambiente son herramientas fundamentales para el desarrollo y el progreso de la Nación.
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En este marco, proponemos una nueva política agropecuaria que permita:
· Diseñar políticas que promuevan la radicación de los ciudadanos en el ámbito rural y en los pueblos del interior, a efectos de evitar la expulsión hacia concentraciones urbanas que generan miseria y clientelismo político.
· Contribuir al establecimiento de un sistema tributario más justo que posibilite una distribución equitativa de la carga fiscal, estimulando el crecimiento de la producción y la creación de la riqueza.
· Establecer una misma política cambiaria para todas las actividades. Es imprescindible para ello eliminar los derechos de exportación y mientras esto se logre, segmentarlas.
· Jerarquizar el Impuesto a las Ganancias, generalizándolo a todas las actividades lucrativas, como eje de la recaudación fiscal coparticipable.
· Diseñar una política de incentivos para los productores de ganadería, de lechería, de granos y de economías regionales, basada en beneficios impositivos y en líneas de crédito que contemplen la naturaleza de la actividad y de los ciclos productivos, teniendo como prioridad a las PYMES agropecuarias.
· Impulsar políticas para el uso sustentable de los suelos y la reposición de sus nutrientes.
· Dejar sin efecto los controles o acuerdos de precios y crear mecanismos participativos para transparentar la cadena de comercialización.
· Evitar todas las medidas que entorpecen la exportación, a cuyo fin la ONCCA deberá limitarse a cumplir, estrictamente, las funciones de control para las cuales fue creada.
· Terminar con las prácticas clientelistas y las políticas que fomentan la concentración de la riqueza.
· Eliminar los subsidios distorsivos.
· Propender la presencia de la agroindustria nacional en el mundo, imponiéndole la marca 'Argentina' a los productos.
· Invertir en caminos, vías férreas, puertos, energía, comunicaciones y en la infraestructura básica que promueva el bienestar en los pueblos del interior.
· Contar con una nueva Ley de Emergencia Agropecuaria, dotada de un fondo específico propio.
Los principios enunciados en este documento no agotan las demandas que el campo considera necesarias pero señalan una dirección que inscribe las exigencias en el marco de la constitucionalidad imprescindible.
No aspiramos a agotar en lo que decimos todo lo que se puede y debe decir sino a compartir con todos, mediante el diálogo y el debate, lo que no se debe olvidar.
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